10 RAZONES PARA DEFENDER LA CONSTITUCIÓN, LOS INTERESES NACIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 30.000 DEMANDANTES DEL CASO AGUINDA VS CHEVRON FRENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Lago Agrio, 27 de mayo del 2025

Quito, 28 de mayo de 2025 — La UDAPT – Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, convoca a un Plantón a cumplirse el miércoles 28 de mayo desde las 10h00, frente a la Procuraduría General del Estado (PGE) en Quito, para exigir justicia, respeto a la soberanía nacional y la defensa irrestricta de los derechos de más de 30 mil afectados y afectadas por la contaminación petrolera producida por Texaco, hoy Chevron.

Este acto de protesta cobra una relevancia crucial ante la alarmante actitud complaciente y cómplice que la Procuraduría ha asumido en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano y del Estado.

Por más de 32 años, la UDAPT ha acompañado la lucha incansable de los pueblos indígenas y campesinos en contra de la petrolera Chevron, ganando en 2011 un fallo histórico que condenó a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales y sociales ocasionados, sentencia que fue ratificada en última instancia por la Corte Constitucional en el 2018.

Sin embargo, bajo una estrategia jurídica, la transnacional Chevron, utilizó los tratados de protección de inversiones – TBI, y con ellos, los arbitrajes internacionales, para lograr impunidad de su crimen ambiental y más bien ganar una jugosa indemnización dictaminada en el 2018, contando con ello con la débil defensa de los intereses nacionales por parte de la Procuraduría General del Estado, que perdió el arbitraje, poniendo en peligro la reparación ambiental y los derechos humanos de las comunidades afectadas por la contaminación de Chevron.

La Procuraduría, lejos de cumplir con su mandato constitucional, ha asumido una posición vergonzosa y traicionera, aliándose con la transnacional y volteando la espalda a la justicia y a la Constitución. Ante este grave escenario, la UDAPT expone 10 razones fundamentales para asistir al plantón y exigir un cambio inmediato en la defensa de la soberanía nacional:

  1. Mandato Constitucional Ignorado: Según el Artículo 237 de la Constitución y el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, la PGE debe defender los intereses y la soberanía del Estado ecuatoriano, en los juicios o demandas o arbitrajes que le planteen en contra del Estado. En el caso Chevron, no ha cumplido con esta obligación, priorizando intereses externos y oscuros.
  2. Deslealtad a la Justicia Nacional: La Procuraduría ha acatado el laudo arbitral que perdió con Chevron, desestimando la sentencia constitucional que condena a Chevron y validando, así, una injusticia histórica contra las víctimas.
  3. Interferencia en Justicia Extranjera a Favor de Chevron: En 2019, la PGE intervino activamente ante tribunales en Brasil, Argentina y Canadá, para sabotear la homologación de la sentencia que favorece a los afectados y afectadas.
  4. Persecución a Defensores: La Procuraduría instigó a la Fiscalía para perseguir a abogados, demandantes y ex jueces del caso Chevron, intentando silenciar la lucha y perseguir a sus protagonistas.
  5. Defensa Técnica Deficiente: La PGE falló estrepitosamente ante las cortes de Países Bajos, no presentando las alegaciones necesarias para anular el laudo arbitral que altera el orden público del Ecuador, que pone en riesgo la soberanía ecuatoriana.
  6. Conflicto de Intereses en la Dirección: Claudia Salgado, ex directora de Patrocinio Internacional de la PGE, favoreció intereses de Chevron y ahora es jueza de la Corte Constitucional, una muestra clara de la captura institucional.
  7. Amenaza a la Constitución y al Pueblo: Cualquier pago a Chevron sería una traición flagrante a la Constitución y una violación a los derechos de los pueblos afectados, que no claman otra cosa que justicia y reparación.
  8. Falta de Transparencia: La PGE debe ser transparente e informar de forma clara y pública sobre el proceso arbitral y si existe o no alguna cuantificación económica que implique un pago al gigante petrolero.
  9. Deber de Defensa en Instancias Internacionales: La Procuraduría debe comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y defender al estado ecuatoriano, reconociendo que han interferido en las cortes extranjeras en beneficio de Chevron.
  10. Justicia para los Afectados: La PGE tiene la obligación de garantizar que los 30 mil afectados y afectadas tengan acceso pleno a la justicia, sin obstaculizar los procesos ni favorecer a Chevron.

La UDAPT deja claro que no claudicará ni permitirá que la Procuraduría General del Estado siga siendo cómplice de la multinacional responsable de una de las mayores tragedias ambientales y sociales del Ecuador. Este plantón es una llamada de alerta y resistencia, un acto de dignidad y rebeldía para que el Estado ecuatoriano defienda realmente a su pueblo, su territorio y su soberanía.

UDAPT no claudicará. La justicia es nuestra arma, la verdad es nuestra bandera y la dignidad de los pueblos nuestra razón de ser.

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