Campaña “Basta de Infamia ST-CTEA”

En Ecuador, las políticas neoliberales de los últimos tres gobiernos han priorizado el beneficio económico de un minúsculo grupo de familias millonarias, en detrimento del bienestar colectivo. Esto ha contribuido a restringir el acceso a los servicios de salud pública. De hecho, estas políticas, junto con la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, han llevado a una grave reducción del presupuesto nacional para la cobertura sanitaria tanto en el Ministerio de Salud Pública (MSP) como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Este problema de salud es más evidente en la periferia del país, especialmente en la región Amazónica.

Desde el punto de vista político, estos últimos gobiernos se han caracterizado por no respetar la ley, con consecuencias directas para la población afectada por enfermedades catastróficas, la cual ya no recibe los beneficios mínimos establecidos por la ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA). De hecho, esta ley entró en vigencia a partir del año 2018 y fue modificada a inicios del año 2024 y establece que una parte de los ingresos económicos nacionales provenientes de la producción de petróleo (el 4% por cada barril extraído y vendido, no menos de $2 cada barril) se redistribuya a favor de las personas con enfermedades catastróficas causadas por esta actividad extractiva, con el fin de garantizarles acceso gratuito a los servicios de salud pública. Sin embargo, la Secretaría Técnica, la institución creada para administrar los fondos de la ley CTEA, desde el año 2022 no entrega ni un solo centavo a los pacientes lo que está provocando que se incremente el número de fallecimientos por cáncer. Por esta razón, muchas personas deciden abandonar los tratamientos médicos, que en la mayoría de los casos se llevan a cabo en Quito, Cuenca y Guayaquil, debido a la falta completa de centros oncológicos en la Amazonía, aumentando drásticamente la tasa de mortalidad por enfermedades oncológicas en las provincias amazónicas. 

Por esta razón, los pacientes oncológicos con el apoyo de la UDAPT plantearon 4 acciones de protección en contra de la ST-CTEA y el Ministerio de Salud Pública, ante la indefensión de las personas con cáncer. La justicia reconoció la vulneración de los derechos de los y las pacientes y condenó al Estado ecuatoriano a la inmediata reparación, y la entrega de los beneficios económicos establecidos en la ley. La justicia, además, ordenó al Estado la creación de una unidad oncológica en la Amazonía; la extensión de la cobertura de transporte, alimentación y hospedaje a un acompañante para cada paciente, así como el apoyo psicológico gratuito a las personas con cáncer en la Amazonía y el abastecimiento de los medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer en el Hospital General “Marco Vinicio Iza” en Nueva Loja. Desde que existe la sentencia han fallecido almenos 20 pacientes oncológicos en completo abandono del Estado.

¿Por qué el gobierno de Daniel Noboa, la Secretaría Técnica de la CTEA y el Ministerio de Salud Pública no cumplen con la sentencia? 

Porque todo esto se maneja de manera totalmente ilegal, a través de triquiñuelas y la emisión de reglamentos que dificultan el acceso a los beneficios establecidos en la ley:

1. Entrega de fondos económicos no se cumple desde 2021

La Constitución de la República (en el art. 47) y la ley de planificación de la CTEA prevén la garantía de acceso a los servicios de sanidad pública prioritaria y gratuita a personas que padecen enfermedades catastróficas, incluido el cáncer. A pesar de esto, gracias a un reglamento a la ley CTEA que aumenta las delegaciones por parte del Estado y las responsabilidades a las instituciones provinciales, la entrega del dinero llevó a ser responsabilidad de estas últimas instituciones. El proceso requiere la aprobación de un proyecto suficientemente convincente, según la Secretaría Técnica, para justificar la entrega del dinero. En el 2023, los proyectos de las provincias de Sucumbíos y Orellana que más aportan en tema de petróleo y, consecuentemente, a los fondos de la ST-CTEA, fueron rechazados. Así se justifica y legitima el no respeto a la Constitución, a la ley y a las sentencias por parte del mismo Estado.

2. Unidad oncológica amazónica inexistente

Hay 3 sentencias que establecen que el Ministerio de Salud Pública se debe encargar de construir una unidad oncológica o un centro de salud especializado en la Amazonía. Para no cumplir con esta medida, el Estado se vale de un vacío legal. De hecho, el Estado se justifica diciendo que no hay pacientes suficientes en la Amazonía para justificar tal gasto. Esto es falso. Lo que no hay son pacientes registrados en la Amazonía puesto que los y las pacientes amazónicas se deben registrar en Quito, Cuenca o Guayaquil para poder acceder a los tratamientos oncológicos. Además, si una persona no está registrada en la Amazonía, no tiene derecho tampoco a recibir los fondos previstos por la ley CTEA para cubrir los gastos de transporte, hospedaje y alimentación para y durante el tratamiento médico. De esta manera, el dinero que por ley pertenece a las personas con cáncer, que residen en la Amazonía, se queda en las cuentas del Estado, y es usado para otros fines como el pago de la deuda externa.

3. Acompañantes y apoyo psicológico nunca implementados

De la misma manera, si no hay personas diagnosticadas con cáncer registradas en la Amazonía, para el Estado no hay pacientes vulnerables que deban recibir acompañamiento en sus traslados para sus tratamientos médicos. Peor aún, el Estado se niega a implementar un servicio de apoyo psicológico para este grupo vulnerable.

4. Falta de los medicamentos oncológicos en el Hospital General “Marco Vinicio Iza”

Debido al hecho que casi la totalidad de los y las pacientes oncológicas amazónicas están en tratamientos a centenares de kilómetros desde la Amazonía, para facilitar sus tratamientos se ha visto la necesidad de un abastecimiento de dichos medicamentos en el Hospital General “Marco Vinicio Iza” de Nueva Loja. Los medicamentos oncológicos son medicamentos especializados que pueden ser prescritos solamente por un médico oncólogo. Hay un solo especialista en el Hospital General “Marco Vinicio Iza” de Nueva Loja, que es una unidad hospitalaria de segundo nivel, y a pesar de tener la infraestructura y los espacios adecuados para ser calificada de tercer nivel y contar con una unidad oncológica, no hay la decisión política de hacerlo. Entonces, la justificación que el Estado ecuatoriano da para legitimar el incumplimiento de esta medida es que no se puede abastecer medicamentos especializados, como aquellos oncológicos a un Hospital de segundo nivel. De esta manera mucha gente opta por abandonar su tratamiento, acortando sus vidas.

Además, hay otras medidas establecidas por la Justicia que el Estado incumple: capacitación a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) en atención a pacientes con enfermedades catastróficas y sus derechos; presentación de registros de pacientes con enfermedades catastróficas residentes en la Amazonía e informes de cumplimento de las entregas y del respeto a las sentencias; realización de visitas trimestrales a los y las pacientes con enfermedades catastróficas de la Amazonía.

Ante esta flagrante violación a la Constitución, a los derechos de acceso a la salud de la población más vulnerable de la Amazonía, afectada por la contaminación petrolera, hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones populares y a todas las personas a nivel local, regional y nacional, a una solidaridad activa y combativa desde la fuerza de la verdad y de los derechos humanos.

¡Intégrate, apoya y forma parte de esta lucha por la vida y la dignidad de las personas con cáncer!

Estamos recolectando firmas para buscar apoyo a nivel nacional e internacional para presionar al gobierno central, a la ST-CTEA y el MSP a cumplir con las medidas de reparación establecidas por las sentencias. Además, queremos posicionar este tema de salud y contaminación en la agenda de candidatos y candidatas a la presidencia de la República y asamblea nacional, en las elecciones nacionales que se realizarán en febrero 2025.

Forma parte de esta lucha, firma la apelación abajo:

CHANGE.ORG

¡Luchemos, marchemos y levantémonos para los derechos vulnerados de nuestros vecinos y vecinas con cáncer!

¡Ya basta de un Estado indolente y corrupto!