Caso Mecheros

Acción de Protección No. 21201202000170
Acción Extraordinaria de Protección No. 2881-21-EP

RESUMEN

La quema de gas en mecheros es una práctica en la que la industria petrolera quema los subproductos de la extracción de petróleo, produciendo metano y otros gases altamente contaminantes. Hay 486 mecheros de gas en la Amazonía ecuatoriana, corazón del territorio indígena. Arden a una temperatura promedio de 400 grados Celsius las 24 horas del día, durante todo el año, y muchos están ubicados en áreas residenciales sin protección para las familias expuestas.

Se sabe que la contaminación tóxica causada por la quema provoca daños cromosómicos y genéticos. Dos estudios realizados en 2016 por investigadores sobre los impactos de la industria petrolera en la salud de los pueblos indígenas que viven cerca de los campos petroleros encontraron que una de cada cuatro familias tenía al menos un caso de cáncer. En las nacionalidades más alejadas de la contaminación, la frecuencia de cáncer fue tres veces menor. Esto significa que cuanto más cerca vivimos de los mecheros, más peligrosas son las condiciones para el cáncer, las malformaciones y los abortos espontáneos. La quema de gas también produce metales pesados, sustancias radiactivas, hidrocarburos y ácido sulfúrico, responsable de la lluvia ácida. Esta es una amenaza que va más allá de las comunidades locales.

Las demandantes en el caso demandan el cese de la quema de gas en las comunidades. El juez rechazó la demanda en primera instancia, pero la Corte de Apelaciones anuló el fallo, concedió el recurso de apelación de las demandantes y reconoció la ocurrencia de varias violaciones de derechos constitucionalmente protegidos, como el derecho a la salud, al medio ambiente sano, los derechos de la naturaleza y los principios ambientales, así como el desarrollo sustentable y la obligación del estado de adoptar políticas y medidas para prevenir impactos ambientales negativos.

La sentencia también reconoció una violación de acuerdos internacionales, específicamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – CMNUCC – y el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Ecuador en su estrategia nacional de cambio climático de reducir la emisión de gases y convertir el gas en energía.

Este caso se encuentra actualmente en etapa de ejecución, enfrentando muchas dificultades porque el gobierno de Ecuador se niega a acatar el fallo o lo hace de manera fraudulenta. Los negocios petroleros siguen funcionando como siempre, argumentando que todas las instalaciones existentes ya están alejadas de los asentamientos humanos. Por lo tanto, esta sentencia está lejos de ser ejecutada porque los demandados están aprovechando la falta de claridad del texto de la sentencia para imponer su manera de darle cumplimiento, lo que significa que la quema de gas continuará como hasta ahora hasta el año 2030. Es por eso por lo que el caso ahora se conoce en dos frentes: ante el juez de ejecución, y ante el Tribunal Constitucional, a quien acudimos para que dicte una sentencia que pueda brindar mayor claridad.

LAS PARTES

  1. Las accionantes. – Las demandantes son nueve niñas de la Amazonía ecuatoriana que se ven afectadas por la contaminación de las instalaciones de quema de gas. Sus madres u otros familiares tienen cáncer o han muerto a causa de él. Toda la población que vive cerca de instalaciones de los mecheros de gas se enfrenta a problemas de salud. La demanda está firmada por nueve niñas, pero no solicitan ninguna compensación personal, sino que exigen se deje de quemar gas y se reparen sus derechos. Sus peticiones traen bienestar a toda la comunidad local por su salud, pero también al mundo entero, pues frenará la emisión rutinaria de enormes cantidades de GEI (gases de efecto invernadero), especialmente de metano.

  2. Los accionados. – Los demandados son entidades del Gobierno (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) y la empresa pública petrolera Petroecuador, como las encargadas de autorizar y/o realizar la quema de gas de manera regular.

EL CASO

El caso inició como “Acción de Protección No. 21201202000170”, y fue emitida sentencia definitiva por la Corte Provincial de Sucumbíos, el 26 de enero de 2021, cuando se llegó a una decisión final, reconociendo la violación de varios derechos constitucionales:

  • El artículo 71 de la Constitución establece que “La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho al respeto integral de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
  • El artículo 32 de la Constitución establece que «La salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización está vinculada al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad social, a la salud». ambientes y otros que favorezcan el buen vivir, el Estado garantizará este derecho a través de políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales (…)”.
  • El artículo 12 de la Constitución estableció el derecho al agua al señalar que “el derecho humano al agua es fundamental e inalienable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable e indispensable para la vida.
  • El artículo 281 de la Constitución establece que “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado de garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen de manera permanente la autosuficiencia en alimentación sana y culturalmente apropiada”.
  • El artículo 14 de la Constitución reconoce “el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.

Sin embargo, pese a haber vencido y obtenido el reconocimiento de la violación de derechos constitucionales, las accionantes presentamos una “Acción Extraordinaria de Protección”, que es una impugnación de la sentencia, ante la Corte Constitucional.

La sentencia ordena eliminar todos los mecheros “aledaños a “centros poblados”. La definición de la palabra aledaño a llevado a que, en la práctica, la República de Ecuador mantenga encendidos los mecheros de manera normal. Del mismo modo, la definición de lo que se considera “centro poblado”, pues se adoptó una interpretación restrictiva, importada de la normativa colombiana e ignorando disposiciones nacionales que ya definen el término. Según la República de Ecuador, prácticamente ninguno de los 447 mecheros estaba “aledaños” a “centros poblados”, por lo que siguen quemando gas como de costumbre.

Por este motivo, los accionantes sostuvimos que la decisión carece de claridad y presentamos una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando que la ambigüedad de la sentencia imposibilita su ejecución y limita nuestro acceso a recursos judiciales efectivos, perpetuando la violación de nuestros derechos, por la simple razón de que se reconoce la causa de la violación, pero la República de Ecuador permite que se siga quemando el gas, argumentando falsamente que no hay población en los alrededores. Este caso es el No. 2881-21EP y aún se encuentra pendiente. Se ha solicitado al Tribunal que dicte una nueva sentencia que complemente y aclare la decisión original. Esto permitirá a los demandantes aplicar la ley y detener las actividades de quema de gas, pero también abrirá la puerta para obtener reparación por sus violaciones de derechos humanos.

DEFENSAS:

La principal defensa desplegada por el gobierno y la petrolera estatal fue que la quema de gas es inevitable. Según sus afirmaciones, la quema de gas es la única forma de eliminar el gas. Por tanto, acabar con la quema de gas significaría el fin de la explotación petrolera, que es la principal fuente de ingresos del país. Esto se enmarca bajo un escenario apocalíptico donde Ecuador es incapaz de sobrevivir.

Otras defensas son del orden de “no hay evidencia” de los efectos de la quema de gas en la salud humana y “no hay evidencia de qué causó este cáncer”.

RETOS:

El principal desafío es educar a la opinión pública y a los tomadores de decisiones para que dejen de creer que la quema de gas es inevitable y comprendan sus consecuencias para el clima. Este es un desafío porque la mayoría de los expertos ecuatorianos coinciden en que es inevitable, pero porque están vinculados a la industria petrolera local y no quieren arriesgar sus posiciones. Las opiniones de los expertos independientes son diferentes.

RIESGOS:

Las personas involucradas en este litigio corren el riesgo de ser señaladas por los negacionistas del clima como activistas inmaduros y románticos que se oponen al progreso de Ecuador. El Ministerio de Energía calificó a los abogados de “criminales internacionales” preocupados sólo por el dinero, aunque no se les pide ninguna compensación monetaria.

NUESTRO OBJETIVO

¿Por cuánto dinero es el reclamo?

El reclamo no pide ninguna cantidad de dinero o compensación económica, sino reparaciones a violaciones de derechos constitucionales que requieren acciones e inversiones del Estado, pero ningún desembolso para los demandantes o sus representantes.

¿Qué buscamos conseguir?

La demanda original solicitaba la revocación de las autorizaciones anuales otorgadas para la quema y venteo de gas natural; que todas las empresas petroleras que operan en la región amazónica ecuatoriana eliminen inmediatamente todos los mecheros existentes en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza; un plan de seguimiento y cumplimiento que garantice que ninguna empresa operadora pueda ventear o quemar el gas; un sistema de salud adecuado para la prevención y tratamiento de casos de cáncer, leucemia u otras patologías vinculadas a las toxinas emitidas por los encendedores; y un sistema o varios sistemas de agua tratada, aptos para el consumo humano.

¿Qué hemos conseguido?

Hemos obtenido una sentencia que ordenó al Ministerio de Medio Ambiente realizar un plan anual de seguimiento y verificación de la restauración de entornos naturales; además, realizar un estudio técnico para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua apta para consumo humano; Según el Ministerio de Salud Pública, la sentencia ordenó realizar una investigación y un estudio médico-científico que permita establecer el grado de afectación de la actividad de Hidrocarburos en la población aledaña y cercana a donde se desarrolla dicha actividad. También ordenó al Gobierno ofrecer disculpas públicas y seguimiento desde la Defensoría del Pueblo. Pero lo más importante es que la sentencia ordenó eliminar todas las instalaciones de quema de gas que se encuentren cerca de un asentamiento humano antes de 18 meses, y todas las restantes, hasta 2030.

INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Hemos obtenido una sentencia que ordenó al Ministerio de Medio Ambiente realizar un plan anual de seguimiento y verificación de la restauración de entornos naturales; además, realizar un estudio técnico para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua apta para consumo humano; Según el Ministerio de Salud Pública, la sentencia ordenó realizar una investigación y un estudio médico-científico que permita establecer el grado de afectación de la actividad de Hidrocarburos en la población aledaña y cercana a donde se desarrolla dicha actividad. También ordenó al Estamos frente a un incumplimiento de la sentencia por parte de la República de Ecuador y Petroecuador. – La corte, concedió un plazo de 18 meses para que el Estado elimine los mecheros que estén aledaños a poblaciones. Este plazo se venció el día 29 de marzo del 2023. Sin embargo, el estado ecuatoriano, incumple con la sentencia, vale más incrementa el número de mecheros, tal como se aprecia en el informe del ministerio de Energías y Minas. En el informe, elaborado por los colectivos del que somos parte “Eliminen los Mecheros y enciendan la vida”, publicado en el año 2019, encontramos 447 mecheros.

En el informe del Ministerio de Energías y mina, de Noviembre del 2022, el Estado reporta la existencia de 457 mecheros.

En el último informe de junio del 2023, el Ministerio de Energías y Mina, reporta la existencia de 489 mecheros. De éstos, 424 corresponden a Petroecuador y 62 a empresas privadas.

Hasta este día, de las medidas de reparación ordenadas por los señores jueces, la única que se ha cumplido, son el pedido de disculpas públicas del Ministerio de Energías y Mina, a las menores y por su intermedio a toda la población de Orellana y Sucumbíos.

Ninguna de las otras medidas de reparación se ha cumplido. Por tal motivo como UDAPT, junto a los otros colectivos, y a las ahora señoritas demandantes, seguimos realizando diversas acciones, hasta lograr que se cumpla la sentencia y se eliminen los mecheros.

CONTEXTO CLIMÁTICO

La quema de gas es una de las causas más importantes del calentamiento global; en consecuencia, reducir la quema de gas contribuirá a frenar el cambio climático. En este contexto, nuestro reclamo está ayudando a fortalecer la ley con respecto a la obligación de los gobiernos de abordar y frenar o detener la aceleración del calentamiento global y el cambio climático o sus impactos porque el reclamo tiene como objetivo impedir que el gobierno emita permisos para quema de gas, por lo tanto, se requiere un cambio en la normativa local respecto a la quema de gas en Ecuador.

En la demanda las accionantes alegamos con respecto a los efectos que la quema de gas tiene en el clima, especialmente por el gas metano. Señalamos que «la práctica de quema de gas asociado en mecheros en los campos petroleros de la Amazonía está emitiendo a la atmósfera dos de los gases responsables de efecto invernadero, el dióxido de carbono CO2 y el metano CH4. Mediante esta práctica se está alterando el ciclo del carbono, que se encuentra protegido como parte de los derechos de la naturaleza».

Asimismo, hicimos referencia a los compromisos internacionales en materia de cambio climático del Estado ecuatoriano: «La generación eléctrica con el gas asociado de la explotación de crudo a diferentes grados de capacidad mediante la optimización de su uso. Con el aprovechamiento de este gas se generará electricidad, la cual será transmitida en el Distrito Amazónico para el uso en procesos propios de la industria petrolera como bombeo de agua y el funcionamiento de campamentos y comunidades dentro del área de influencia, reemplazando el uso tradicional del diésel para estos fines».

En su sentencia la Corte Provincial de Sucumbíos indicó que, con las autorizaciones para la quema, el Estado ecuatoriano desatiende los compromisos climáticos internacionales y nacionales de reducir las emisiones en el sector energía en un 20,4 o 25% más bajo que el escenario actual, disminuir más de 100 millones de toneladas de emisiones al año y mejorar las condiciones a futuro de la actividad en el sector petrolero.

Es evidente que este litigio será beneficioso para el público local, pero también tendrá un impacto en el interés público amplio más allá del interés de los litigantes porque la quema de gas produce grandes cantidades de contaminación y está vinculada a varios problemas de salud y al cambio climático. Detener la quema de gas cerca de la población local evitará la aparición de enfermedades relacionadas con la quema de gas.

Detener la quema de gas en los mecheros en la Amazonía ecuatoriana también es importante para el público en todos los niveles porque evitará la producción de gases de efecto invernadero GEI, especialmente metano. También incentivará a los contaminadores ambientales a invertir en fuentes de energía limpia en lugar de combustibles fósiles porque los obligará a invertir para evitar la quema de gas. El gas se reinyectará o utilizará para la producción de energía, que reemplazaría los generadores eléctricos que utilizan las compañías petroleras, que funcionan a diésel y que operan junto a instalaciones de quema de gas.

SENTENCIAS

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