Lago Agrio, 07 de septiembre del 2022
Si la Procuraduría General del Estado no apela ante la Corte Suprema de Holanda, la sentencia emitida en segunda instancia, el Ecuador se vería obligado a pagar millonaria sentencia en favor de la petrolera Chevron- Texaco. La sentencia emitida por Holanda en favor de la transnacional viola la Constitución ecuatoriana, la seguridad jurídica del país, los derechos humanos y ambientales que deben ser garantizados por el Estado.
Esta sentencia de Holanda, responde al arbitraje internacional planteado en el año 2009 en contra del país, violando las normas jurídicas nacionales e internacionales, que establecen que por principio ninguna norma puede ser aplicada retroactivamente. En este caso se acude a un Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, que entró en vigencia en el año 1997, cuando Chevron no contaba con inversiones en el país. Este mecanismo fue usado para inmiscuir al Estado en un litigio privado que fue ganado por las comunidades indígenas una vez que se comprobó la existencia de violaciones de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales practicados por la petrolera en la Amazonía ecuatoriana.
El laudo arbitral dispone, entre otras cosas, la anulación por parte del Estado la sentencia emitida en el juicio que contra la petrolera ganaron los pobladores indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que el Estado impida la ejecución de la sentencia legalmente emitida por las cortes del Ecuador y que el Estado pague a Chevron los honorarios judiciales de los 25 años de litigio, más el supuesto daño causado a la empresa. Esta sentencia viola la normativa internacional que establece que ninguna Corte del mundo puede inmiscuirse en las sentencias emitidas por organismos judiciales internos de los países; obliga al Estado ecuatoriano a violar su propia Constitución, puesto que ningún gobierno, ni otro poder del Estado puede inmiscuirse en el Sistema de Justicia Nacional y viola los derechos de los demandantes y de todos los ciudadanos de Ecuador, que se verían afectados al tener que pagar a la petrolera, a pesar de los graves daños ocasionados al país y su población.
El juicio Aguinda vs. Chevron, se litigó durante más de 20 años en Ecuador, por las constantes demoras y recursos utilizados por la petrolera para impedir el avance. Sin embargo, por la evidencia existente y que es visible e innegable, además de que no pudo comprobar la existencia de fraude o denegación de derecho a la legítima defensa, los afectados ganaron el juicio en las tres instancias judiciales, de acuerdo a las leyes ecuatorianas: el fallo de juez de primera instancia; la Corte Provincial de Justicia de Nueva Loja y la Corte Nacional. Finalmente, y por efecto de una acción de protección impuesta por Chevron ante la Corte Constitucional, aduciendo denegación del derecho a la defensa, este órgano de control constitucional estableció que las sentencias son constitucionales y que Chevron contó con las garantías del debido proceso, por lo que desechó la demanda. Con estos antecedentes la sentencia ecuatoriana en contra de la transnacional es legalmente ejecutable en cualquier parte del mundo.
Esta inacción del Estado ecuatoriano estaría explicada por la política del gobierno de favorecer la inversión sobre los derechos humanos. Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ha sido claro en enfatizar que al no existir defensa del Estado, el régimen está favoreciendo los derechos económicos y comerciales que protegen a las transnacionales, volviéndose cómplice de los crímenes corporativos en contra de sus propios ciudadanos.
Justino Piaguaje, de la Nación Siekopaai, una de las más afectadas por Texaco, considera que, si el Estado ecuatoriano no apela ante la Corte Holanda, se comete una injusticia que marca un mal precedente en la historia extractiva del país y el mundo, puesto que el Ecuador se convertiría en cómplice de los crímenes corporativos en contra de las poblaciones, en un momento en el que además, el país se está abriendo a la actividad minera a nivel nacional. “Seremos los ecuatorianos los que paguemos con nuestra vida la riqueza de las transnacionales”, enfatizó el líder indígena.
Donald Moncayo, Coordinador de la UDAPT, alertó sobre esta amenaza contra el país, provocado por el propio Gobierno Nacional, al no apelar el fallo y no mejorar su defensa técnica. Anunció además que, como organización, al no ser parte del arbitraje internacional continuará realizando las acciones de cobro, en el marco de la ley, para obligar a Chevron a pagar la sentencia que legítimamente ganaron.
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