Tampoco se ha ocupado de la reparación social a las comunidades afectadas por la contaminación ocasionada producto del derrame de más de mil barriles de petróleo del SOTE, ocurrido el pasado 10 de mayo del 2023 y que llegaron al río San Miguel, inclusive. A pesar de las acciones administrativas dispuestas por la Defensoría del Pueblo tanto al MAATE, como a la EP Petroecuador y las denuncias realizadas por las familias y comunidades afectadas.
Como es de conocimiento general, el pasado 10 de mayo del 2023 ocurrió un derrame de petróleo, debido a la rotura del oleoducto – SOTE, en el km 11 de la vía Lago Agrio – Quito, a la altura del río Conejo, parroquia Santa Cecilia.
EP Petroecuador suspendió el bombeo de petróleo por 13 horas e informó de un sabotaje al sistema. Solo 2 horas más tarde de producido el derrame, equipos de Petroecuador iniciaron los trabajos de contención, en las riberas y a lo ancho del río Conejo, las cuales no fueron suficientes y buena parte de la mancha negra y aceitosa del petróleo derramado llegó al río San Miguel. Cabe recalcar que el crudo siguió saliendo de la tubería en gran cantidad por al menos 5 horas, debido a la gran presión del flujo y el tiempo de demora entre la suspensión de las operaciones de bombeo hasta que la presión de la tubería baje y pare el derrame del líquido.
Dos meses más tarde la EP Petroecuador no ha presentado prueba alguna del sabotaje, mientras que las comunidades, por lo menos 15, a lo largo del lecho del río Conejo, descartan lo de sabotaje y perciben que este argumento de la empresa se realiza con el fin de no indemnizar a los afectados, muchos de los cuales han perdido sus medios de vida como emprendimientos turísticos, sembríos, pastizales, ganado y, lo más importante, la fuente de agua que tenían del río Conejo para sus necesidades básicas, así como para sus actividades productivas.
Las comunidades afectadas decidieron conformar una directiva bi – parroquial con el fin de exigir al gobierno las medidas de reparación correspondientes. Pues el derrame y la gestión y postura de la EP Petroecuador, para atender las consecuencias de este desastre ambiental, han sido nulas y han afectado los derechos constitucionales de las comunidades ubicadas en la cuenca del río Conejo, y que abarca a las parroquias Santa Cecilia, 10 de agosto.
Con el apoyo jurídico de la UDAPT, las comunidades lograron que la Defensoría del Pueblo emita acciones administrativas, con la finalidad de abrir un expediente defensorial para que tanto la EP Petroecuador, como el MAATE (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador) cumplan, en función de sus competencias las acciones conducentes que permitan conocer el grado de afectación ambiental producido por el derrame de petróleo.
En ese sentido, ordena al MAATE que obligue a la EP Petroecuador a que realice la toma de muestras de suelo, agua y sedimento del río necesarias para verificar el grado de contaminación que permanece, mientras que a la EP Petroecuador de presentar el cronograma de las acciones de remediación y restauración del área afectada, el listado completo de las comunidades y familias afectadas, las acciones, si existen, de indemnización y compensación, que se incremente el personal contratado para los trabajos de limpieza, remediación y restauración.
En ese sentido, se han realizado, previamente varios recorridos con las autoridades involucradas, Defensoría del Pueblo, MAATE y Petroecuador y pobladores afectados. De acuerdo con la convocatoria realizada por Petroecuador y que se anexa al final de este comunicado, se agendó para los días comprendidos entre el 17 y 20 de julio del año en curso, para realizar la toma de muestras de agua, tierra y sedimentos en 3 sectores afectados.
Sin embargo, esta toma de muestras no se realizó, debido a que la EP Petroecuador y el MAATE solo quieren tomar las muestras de los 3 sectores, en las propiedades de quienes realizaron la denuncia respectiva.
Las comunidades, con el asesoramiento jurídico de la UDAPT, creen necesario que la toma de muestras no se restrinja solo a las propiedades de los denunciantes, pues a la hora de hacer y presentar la denuncia, lo hicieron como representantes de las comunidades afectadas, por lo que consideran justo y necesario que la toma de muestras sea más representativa.
En ese sentido, Jayro Salazar, abogado y miembro del equipo jurídico de la UDAPT expresa que es necesario que el MAATE exija a Petroecuador continúe con las acciones de limpieza de manera urgente y que de igual manera continúe con las medidas que en algo mitiguen la falta de agua que existe por la contaminación del rio e insta a las instituciones competentes a coordinar medidas que permitan ir solucionando la falta de este recurso vital, como es el agua.
Dos meses luego del derrame y un mes antes de la consulta por el Yasuní, la EP Petroecuador, se muestra tal cual, limitada a la hora de gestionar las emergencias ambientales que la producción petrolera causa en las comunidades amazónicas, sin los equipos y recursos suficientes para una acción efectiva y rápida.
Las comunidades estarán alertas a que las instituciones del estado cumplan con la reparación debida y en caso de ser necesario, ejercerán su derecho a la resistencia.
Quizá todo obedece a que de la utilidad que esta actividad extractiva genera, a la amazonía le llegan esos recursos por goteo, tarde, ínfimos y repartidos politiqueramente, mientras que los derrames y mal manejo de la explotación petrolera, convierten a las provincias de Sucumbíos y Orellana en las más pobres y contaminadas del Ecuador.
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