La crisis de inseguridad en el Ecuador: Un producto neoliberal

Lago Agrio, 26 de marzo del 2024

Quito, Ginebra, marzo 25 del 2024. El CETIM[1] y la UDAPT han presentado en la quincuagésima quinta sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU un reciente informe, sobre el alarmante deterioro de los Derechos Humanos en el Ecuador, pasando de ser hasta el año 2017, uno de los países más seguros de América Latina, a ser, al 2024, el país más violento de la región, con un promedio de 40 muertes violentas por cada cien mil habitantes, aunque en ciertas zonas, como La Nueva Prosperina, en Guayaquil, el promedio asciende de 40 a 114 muertes violentas.


Entre las causas externas, se destaca el papel del crimen organizado internacional que ha trasladado al Ecuador sus operaciones, convirtiéndole como el primer país exportador de droga a Europa, superando a Brasil y Colombia en el número de toneladas de cocaína enviadas hacia el continente europeo. A nivel de las causas internas y justamente entre 2017 y 2024, Ecuador se enfrenta a la imposición repentina y brutal de políticas neoliberales que apuntan al desmantelamiento del estado y la privatización de todos los sectores de la economía.

Esto ha derivado en el aumento de la pobreza, desempleo y subempleo, corrupción, despido de miles de empleados públicos, reducción del gasto público, supresión de instancias y políticas públicas relacionadas con el manejo de la seguridad[1].


[1] La reducción del estado ha significado que el control de las cárceles sea ejercido de facto por grupos criminales, que las transforman en espacios de planificación de crímenes. De hecho, las masacres carcelarias producidas entre el 2020 y 2023, obedecen a la guerra por el control de las cárceles, entre los carteles de la droga que controlan a los GDO locales. (11 masacres, 412 reos asesinados).

La estrategia neoliberal de desmantelamiento del estado también ha devenido en los débiles controles en el sistema financiero, lo que ha permitido al crimen organizado el lavado de más de 3 mil millones de dólares al año de dinero sucio; la captación por parte de la mafia, de jueces, fiscales, policías, guardias penitenciarios y militares que protegen, facilitan o permiten que las actividades criminales se desarrollen con impunidad.

La arremetida neoliberal en el Ecuador se caracteriza igualmente por la promoción de los tratados de protección de inversiones, en la perspectiva de salvaguardar los intereses de la industria extractiva y sus corporaciones mineras y petroleras, a expensas de los derechos de las comunidades originarias y campesinas[1]. A esto se suma el llamado a consulta popular, para permitir la adhesión del país a las instancias privadas de arbitrajes internacionales, con el pretexto de incentivar la inversión extranjera, cuando lo que en realidad se persigue es lesionar la soberanía del estado y despojarle de miles de millones de dólares para el pago de arbitrajes, que en más del 70% favorecen a las empresas transnacionales.


Ante esta situación, el gobierno del presidente Noboa emitió una declaración proclamando el estado de conflicto y excepción, por la cual se prohíben las manifestaciones públicas, se autoriza la violación de domicilio y se militariza el país, otorgándose la facultad de imponer medidas de

[1] El CETIM es una organización social con el estatus consultivo de las Naciones Unidas – ONU.

[1] La reducción del estado ha significado que el control de las cárceles sea ejercido de facto por grupos criminales, que las transforman en espacios de planificación de crímenes. De hecho, las masacres carcelarias producidas entre el 2020 y 2023, obedecen a la guerra por el control de las cárceles, entre los carteles de la droga que controlan a los GDO locales. (11 masacres, 412 reos asesinados). [1] Justo en estos días, la población de Palo Quemado en Cotopaxi se enfrenta a las fuerzas de seguridad del estado que atropellan los derechos humanos de las comunidades que se oponen a la minería, criminalizando la protesta social y ambiental.

ajuste y de control social total. En el marco de este estado de excepción, se identificaron varios casos de detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas a los detenidos.

Todo este accionar por parte del estado genera violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, en particular los colectivos y económicos, sociales y culturales. Se evidencia cada día más, como, tras la adopción de acuerdos comerciales y la imposición de políticas neoliberales, las empresas transnacionales ganan mayor espacio y poder político-económico, en total impunidad frente a sus actividades extractivas que destruyen la naturaleza, la biodiversidad y perjudican la salud humana. Además, estas entidades poderosas se sirven de los grupos criminales para garantizar la continuidad de la extracción de los recursos naturales, implementando prácticas intimidatorias, persecución de líderes y lideresas, amedrentamiento y violencia armada contra las comunidades.

CETIM y UDAPT hacen un llamado al gobierno del Ecuador a respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y en particular en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como a poner freno al proceso de desmantelamiento de las prerrogativas del Estado y de privatización de las instancias y empresas públicas, proceso que debilita la capacidad de proteger efectivamente a los derechos humanos del pueblo.

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