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¡LA CONSTITUCIÓN NO SE CAMBIA, NO SE LA VIOLA,
¡SE DEFIENDE!
El candidato – presidente Daniel Noboa, acaba de anunciar en medio del debate presidencial ocurrido el pasado domingo 23 de marzo, que “Tenemos que pagar 2.000 millones de dólares a Chevron”.
Es necesario desenmascarar lo que está detrás de esta declaración, detrás de estas decisiones que perjudican a la nación y la someten a una arquitectura jurídica internacional que protege los capitales y deja en la indefensión a los derechos humanos de las comunidades de donde se extrae el petróleo y otros minerales, bajo el manto de un extractivismo irracional que solo deja un rastro de contaminación, muerte y pobreza.
Esta arquitectura internacional se refiere a los tratados de protección de inversiones y a los fallos y arbitrajes internacional que de ellos se derivan y que, en la práctica se traducen en millonarias indemnizaciones a las grandes corporaciones y transnacionales, sin importar las decisiones judiciales de los máximos órganos de justicia, en este caso, de nuestro país, como es la Corte Constitucional y su sentencia del caso Aguinda vs Chevron. Sentencia que no se ha cumplido y por la cual Chevron permanece impune.
Para nada sorprende la toma de posición de este gobierno neoliberal, desde un principio, y tomando como pretexto el tema de la seguridad, en abril del 2024 gastó 60 millones de dólares en una consulta y referéndum popular. 8 de las 10 preguntas de la consulta se referían a temas de seguridad. En las 8 preguntas la ciudadanía voto SI, es decir, apoyaba al gobierno para que, a través del sí a esas preguntas, mejoren aspectos de la justicia, de los órganos de seguridad y de las fuerzas del orden para combatir a la delincuencia organizada.
Ha pasado más de 1 año y el gobierno no pasó del ofrecimiento, de la consulta, no se ha instrumentalizado ningún cambio significativo para que mejore la seguridad. A cambio, a la fecha, somos el país más violento de América Latina con el promedio de 1 crimen cada hora, lo que expresa el fracaso del gobierno en combatir a la delincuencia organizada, tanto en las calles como en el sistema financiero, donde se lavan miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico.
En 2 de las preguntas del Referéndum, el pueblo le dijo NO a Daniel Noboa. Una de esas preguntas se refería al trabajo por horas, que no es otra cosa que la precariedad laboral. En la otra pregunta se tocaba el tema de los arbitrajes internacionales, que tanto daño económico y jurídico ha causado al país. El pueblo le dijo NO.
Sospechamos que la verdadera intención del gobierno de Noboa no era la seguridad, sino mejorar las condiciones de contratación laboral para los empresarios, no para los trabajadores, pues al trabajar por horas, no habría seguridad social, entre otros perjuicios.
Así mismo, con los arbitrajes internacionales, su intención era modificar la Constitución, que expresamente los prohíbe: Art. 422. – “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas o contractuales.”
A pesar de ello, Noboa insiste por todos los medios posibles de hacer realidad estos abusivos arbitrajes internacionales, para lo cual, a través del Decreto 501 de enero del 2025, instrumentaliza el acuerdo firmado entre la Corte Pena de Arbitraje – CPA y el estado ecuatoriano, en el gobierno corrupto de Guillermo Lasso. Este acuerdo permite que el Ecuador sea un país sede para los arbitrajes que se lleven a cabo ante este organismo.
Por qué el pueblo dijo NO a los arbitrajes internacionales. Debido a qué nuestra Constitución lo prohíbe. Aquí un pequeño resumen de la gravedad de estos instrumentos contra los países y sus pueblos:
Ecuador es el 5to país más demandado en América Latina por inversores extranjeros en el sistema de arbitraje internacional. El país tiene, actualmente, 29 demandas de arbitrajes internacionales: casi la mitad (14) en minería e hidrocarburos, 5 demandas en suministro de electricidad y gas y 4 en manufactura. Casi el 60% proviene de inversionistas estadounidenses. De estas 29, 8 demandas de compensación siguen pendientes, 7 se han resuelto a favor del Estado, y 14 ya han sido resueltas a favor de las empresas transnacionales como Perenco, Chevron y otras. En estas 14 demandas resueltas, Ecuador ha sido condenado a pagar más de 2.906 mil millones de dólares a inversionistas extranjeros, una cantidad que no incluye intereses ni gastos incurridos por el Estado en defensa y procesos arbitrales. Solo en 2017, esta cifra había aumentado a casi 1,5 mil millones de dólares.
Además, solo en 3 de las 8 demandas pendientes se conoce el valor solicitado por los inversionistas, que asciende a 9,986 mil millones de dólares. El monto solicitado en estos tres casos equivale a la suma de los presupuestos destinados a la salud y la educación básica, así como a las escuelas secundarias, para 2024, respectivamente 4,641 mil millones de dólares y 4,491 mil millones de dólares.
Entre los 8 casos pendientes, todavía se encuentra el caso Chevron lll contra Ecuador, que ahora Noboa quiere pagar, por la cual Chevron pide una compensación de 9,5 mil millones de dólares, la misma cantidad que la Corte Constitucional ordenó a Chevron pagar por haber vertido miles de millones de galones de residuos tóxicos en la Amazonía ecuatoriana.
La petrolera Texaco, hoy Chevron, entre 1967 y 1992 explotó petróleo en la Amazonía ecuatoriana, causando un desastre ambiental, destrucción, graves daños a la vida y la salud de las personas, muerte y desaparición de etnias. Fue condenada por la Corte Constitucional a pagar 9,5 mil millones de dólares para reparar los daños ambientales a los suelos y al agua contaminada. Posteriormente, Chevron-Texaco demandó al Estado ecuatoriano, gracias a los tratados de protección de inversiones – arbitrajes internacionales y, obviamente, ganó el arbitraje.
Hasta la fecha, el arbitraje internacional ha permitido a Chevron evadir su responsabilidad y no pagar por el crimen cometido en la Amazonía Ecuatoriana. Y ahora Noboa quiere pagar más de 2000 millones a Chevron.
El actual gobierno representa un peligro contra la institucionalidad, por las sucesivas violaciones a la constitución.
¡Ya basta de un régimen autoritario y entreguista a las grandes transnacionales ¡
