El Gobierno de Ecuador podría ser responsabilizado por violación de derechos humanos de pobladores amazónicos.
La Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT), anunció que el pasado 28 de junio un Tribunal de apelaciones de la Haya (Países Bajos), rechazó el pedido de apelación que había interpuesto el Gobierno de Ecuador contra la negativa del pedido de nulidad del laudo arbitral que favorece a Chevron. Queda pendiente que se agote el último recurso, ante la Corte Suprema de los Países Bajos. El Gobierno de Ecuador está obligado a presentar el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia y a mejorar su defensa técnica, si espera tener éxito.
Se trata de un caso que comenzó en septiembre de 2009, cuando la petrolera invocó un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones firmado en 1997, aunque sus operaciones en Ecuador habían terminado en 1992. Los árbitros basados en el contrato de remediación ambiental y liberación de responsabilidades, suscrito entre Ecuador, Petroecuador y Texaco en 1995 y ratificado en el acta final donde el Estado liberó a Texaco de toda Responsabilidad, suscrita el 30 de septiembre del 1998, dieron la razón a Chevron y condenaron al Estado ecuatoriano. Ecuador solicitó la nulidad del laudo ante los tribunales de Países Bajos, sin embargo, la reciente negativa del tribunal de Países Bajos es el último revés que sufre el Gobierno de Ecuador, quien ha sido objeto de críticas porque no ha ejercido una defensa adecuada de los intereses del Estado.
Los pobladores amazónicos, que continúan sufriendo las consecuencias de la contaminación petrolera dejada en sus tierras por la petrolera norteamericana Chevron, responsabilizaron al Gobierno de Ecuador, de manera especial al presidente Guillermo Lasso y a su Procurador General, Iñigo Salvador, por haber intervenido en favor de Chevron en foros extranjeros y por haber sido negligentes en la defensa del Estado, en procesos que han mantenido confidenciales y a espaldas de toda participación de los afectados.
Pablo Fajardo anunció que las comunidades afectadas, rechazan cualquier intento de liberar de responsabilidad a Chevron, por tercera vez. El abogado nos recuerda que la sentencia se encuentra ejecutoriada y que no es susceptible de ningún recurso legal, por lo que se preparan acciones para su ejecución en otras jurisdicciones, así como para denunciar ante el sistema interamericano de derechos humanos la intromisión indebida del Estado Ecuatoriano.
Alertamos a la sociedad ecuatoriana, que en caso que Ecuador no apele ante la Corte Suprema de los Países Bajos; o, por su deficiente defensa técnica Ecuador pierda definitivamente el caso en los Países Bajos, seguramente el panel de árbitros, determinarán la millonaria cifra económica que Ecuador debería pagarle a Chevron. Si esto llegase a ocurrir, dejamos sentada la responsabilidad que tendría la Procuraduría General del Estado Ecuatoriano.
Adicionalmente debemos anotar, que en una carta suscrita por el presidente de la República el día 18 de junio del 2022, y enviada al señor Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, el Gobierno de Ecuador admite que la petrolera Chevron habría dejado al menos 1.107 sitios o pasivos ambientales. La UDAPT ha luchado por más de 28 años para lograr una reparación integral del daño causado por Chevron. Ahora el Estado, afirma que va a remediar el daño causado por una petrolera privada. Felicitamos esta iniciativa, pero dejamos en claro, que toda reparación ambiental debe realizarse en el marco de la sentencia del caso Aguinda Vs Chevron, que se encuentra debidamente ejecutoriada, afirmó Donald Moncayo, Coordinador Ejecutivo de la UDAPT
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