La Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT) ha denunciado el uso violento de la fuerza en las comunidades de la Parroquia 10 de agosto del Cantón Lago Agrio , donde se encuentran operando los bloques Charapa (Bloque 50) y Chanangué (Bloque 51), por parte de la subsidiaria canadiense Gran Tierra Energy Colombia LLC.
El pasado 15 de septiembre, cuando la comunidad Santa Marianita se encontraba realizando una movilización pacífica en contra de la empresa Gran Tierra Energy un grupo de más de 30 policías 4 ingresó y arrojó bombas lacrimógenas y otros objetos en contra de la comunidad, incluso en los lugares donde se encontraban jugando decenas de niños y niñas. la movilización exigía acuerdos de compensación social para 126 habitantes y reclamaba por la entrega de plazas de trabajo y contra la contaminación de sus tierras y medio ambiente, entre otras. Los comuneros denuncian que el uso de la fuerza pública se realizó a través de un “acto urgente” en la Fiscalía. Los abogados de la UDAPT señalan que la represión no ha parado.
Con estas acciones, el Estado incumple su obligación de garantizar a las personas defensoras un entorno seguro para que puedan desempeñar su labor,convierte a la fuerza pública en guardia privada de las empresas en los territorios, hostiga a las comunidades que resisten ante proyectos extractivos peligrosos e inconsultos en sus territorios, usa de forma abusiva el derecho penal para amedrentar e incluso afectar a niños y niñas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores de las comunidades.
La UDAPT, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador y más de 50 organizaciones y comunidades afectadas por la conducta de empresas canadienses en América Latina y el Caribe informamos a la comunidad internacional los abusos de Gran Tierra Energy, como uno de los 37 proyectos que vulneran derechos en 9 países de la región previo al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Canadá. En este proceso efectuado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, venimos evidenciando que esta empresa canadiense ha vulnerado derechos humanos y el medio ambiente en Ecuador, Colombia y Perú.
En la denuncia internacional señalamos que los bloques 50 (Charapa), 51 (Chanangue) y 89 (Iguana) se superponen a los territorios titulados de los pueblos indígenas Kichwa y Awá y de comunidades campesinas. Estos bloques fueron adjudicados sin las consultas y el consentimiento requeridos de pueblos indígenas y comunidades campesinas, sin consulta ambiental a la población en general y sin un básico respeto a la dignidad humana, como han denunciado campesinas y campesinos.
Las meras socializaciones y los acuerdos que las empresas consiguen con dádivas a ciertos miembros y que luego ni siquiera cumplen no configuran el respeto debido por parte de la empresa a los derechos reconocidos en el Ecuador. Tampoco evidencian el cumplimiento por parte de Canadá de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos; todo lo contrario.
Las comunidades afectadas por la operación de Gran Tierra Energy, junto con la UDAPT y organizaciones aliadas, han hecho públicas sus preocupaciones sobre los impactos al ambiente y a las comunidades por la operación de los Bloques 50, 51 y 89. El ingreso de la empresa petrolera a esa zona ha cambiado la vida de estas comunidades para mal. Lo más grave que ocurre actualmente además de la contaminación ambiental, es la ruptura del tejido social.
La misma petrolera, con la complicidad del Estado, están impulsando un ambiente de, que podría desembocar, en acciones similares a las ocurridas en la comuna Cofan Dureno. Por otra parte, las actividades petroleras conllevan, necesariamente, contaminación de aguas, suelos y aire por la instalación de mecheros aledaños a las poblaciones-; pérdida de biodiversidad entre otras afectaciones.
Los campesinos y campesinas señalan que a la contaminación del agua y del aire se le suma la contaminación auditiva, evidente en lugares cercanos a la plataforma construida en el recinto Santa Marianita. El ruido sobrepasaría los niveles de decibeles y generaría permanente afectación a varias áreas a la redonda; en especial, a zonas agrícolas.
Por lo expuesto, desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y las
organizaciones que forman parte, demandamos:
● Al Presidente en funciones, Guillermo Lasso, que garantice los derechos de las comunidades y la labor de las personas defensoras de derechos que resisten a la empresa Gran Tierra Energy; que detenga los operativos de la fuerza pública que causan pánico en la población y que garantice la seguridad de las comunidades de los bloques Bloque 50 (Charapa), 51(Chanangue) y 89 (Iguana) donde opera la empresa canadiense.
● A la Fiscalía General del Estado, que se abstenga de autorizar “actos urgentes” a pedido de las empresas extractivas para atacar a comunidades que luchan por el cumplimiento de los derechos constitucionales y todos aquellos derivados de la dignidad humana. Que en toda intervención respete y garantice los derechos de las personas defensoras.
● Al Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), José Antonio Dávalos, que realice de forma urgente una auditoría integral y detallada de los permisos otorgados a Gran Tierra Energy, para verificar la validez de su Estudio de Impacto Ambiental y proceso de autorización del licenciamiento ambiental.
● Al Embajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter, que inicie una investigación sobre
las irregularidades denunciadas en el informe regional sobre Gran Tierra Energy.
● Así mismo a Canadá, que en aplicación de su propia política “Voces en Riesgo” y en el marco de las Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, tome medidas efectivas para que Gran Tierra Energy cese inmediatamente las tácticas de división comunitaria, acoso y persecución de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
● A la empresa Gran Tierra Energy, Al Estado Canadiense y al Estado ecuatoriano, los
responsabilizamos, por cualquier tipo de violencia que llegase a ocurrir dentro de cada
comunidad. Son ellos quienes han propiciado e impulsado el fraccionamiento en cada una de las comunidades, a tal punto de promover las agresiones físicas de unos contra otros.
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https://udapt.org/wp-content/uploads/2023/09/DENUNCIA-PUBLICA-GRAN-TIERRA-ENERGY-1-1-4.pdf
