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Lago Agrio, 25 de julio del 2025
En el último lustro, se ha evidenciado como las empresas transnacionales han ido
ocupando espacios en la administración pública del Ecuador. Es decir, las puertas
giratorias o la captura corporativa hacia el estado ecuatoriano ya era grave.
Sin embargo, los colectivos sociales, pueblos indígenas, comunidades afectadas,
teníamos un tribunal para plantear nuestras denuncias, por la forma cómo se contamina
el ambiente, los ríos, el suelo y el aire.
En teoría, el Ministerio de Energías y Minas, es el encargado de impulsar la extracción
de recursos hidrocarburíferos, de fomentar la extracción minera, de toda la parte de
generación energética. Es decir, este ministerio es el que más permite, abaliza, o
promueve la contaminación ambiental en el Ecuador. Bajo su responsabilidad están
todas las actividades que generan la extracción de recursos naturales. No está demás
recordar que Ecuador ostenta el triste record de hasta 3 derrames de petróleo por
semana y su impune incumplimiento de la sentencia del Caso Mecheros, afectando la
salud humana y los frágiles ecosistemas amazónicos.
Por otra parte, el Ministerio del Ambiente, Luego Ministerio del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica – MAATE, es el ente encargado de dirigir, la política ambiental, de
diseñar y dirigir toda la estrategia para hacer frente al cambio climático y cumplir con el
acuerdo de Paris.
Hoy el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, elimina el Ministerio del Ambiente, y lo
fusiona con el Ministerio de Energías y Mina, todo por cumplir con las obligaciones que
el mismo Noboa se ha comprometido a cumplir con el Fondo Monetario Internacional,
es decir, reducir el tamaño del estado y recibir préstamos para pagar a los tenedores de
bonos de la deuda y seguir recibiendo más préstamos para pagar los intereses de esa
deuda, en un círculo viciosos que solo genera más pobreza y más deuda.
Ahora, el Ministerio que más permite, autoriza, abaliza y fomenta la contaminación
ambiental, es ahora quien debe hacer el control ambiental diseñar la política ambiental
nacional y diseñar la política de cambio climático. Hemos regresado 29 años atrás. Ese
mega ministerio será juez, acusado y verdugo de sí mismo.
Desde la UDAPT, Rechazamos estas decisiones que dejan al Ecuador al margen de una
política internacional de cuidado y protección ambiental y se deriva en una terrible
regresión de derechos para las comunidades indígenas y campesinas y para la naturaleza
misma.
Exhortamos al Gobierno del Ecuador, a rever esta decisión. Lo que se debe hacer es
generarle autonomía, independencia al Ministerio del Ambiente, que deje de ser
controlado por las empresas contaminadoras y desarrolle una real y verdadera política
ambiental nacional.
Exigimos a la Corte Constitucional su pronunciamiento sobre este nuevo marco legal
aprobado al apuro y de forma inconstitucional por la Asamblea Nacional, que permite
el origen de estos esperpentos institucionales.
Convocamos a las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos de todo
el Ecuador a manifestarnos contra esta agresión a los derechos humanos, colectivos y
de la naturaleza.



