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La Corte Constitucional de Ecuador ha dejado en desprotección a la población amazónica al declarar cumplido el debido proceso, a pesar del evidente incumplimiento de la sentencia. Lo más llamativo es que cinco de los nueve jueces votaron de forma concurrente: apoyaron la decisión, pero señalaron que la Corte debió iniciar de oficio una acción de incumplimiento. Argumentaron que existía jurisprudencia para ello y que su omisión permitió la perpetuación de daños ambientales y sociales. No obstante, su voto terminó respaldando una sentencia que refleja una justicia parcializada a favor del gobierno
