El régimen de Daniel Noboa, mediante el decreto 501, pone en vigencia el acuerdo entre el Estado Ecuatoriano y la Corte Permanente de Arbitraje, firmado en octubre del 2022 entre el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (presidencia de Guillermo Lasso), Juan Carlos Holguín, y el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje, Marcin Czepelak.
Al poner en vigencia este acuerdo, Daniel Noboa sigue el mismo aperturismo bobo iniciado por Lasso: “pasos para la atracción de inversiones”, como si los innumerables casos de corrupción del gobierno de Lasso, liderados por su Cuñado Danilo Carrera, ya sentenciado y el tener al país más violento de América Latina, luego de Haití, van en la dirección de atraer inversiones. Precisamente los dos últimos gobiernos, de Lasso y Noboa, registran los perores índices de inversión extranjera, por la inseguridad y la continua violación a la constitución por parte del arrendatario de Carondelet.
Más grave aún es que el régimen de Noboa al poner en vigencia este acuerdo, desconoce, no solo la Constitución del Ecuador (Art. 442), sino la voluntad popular, expresada en las urnas el pasado 21 de abril, donde más del 65% de la población del Ecuador dijo NO a los arbitrajes Internacionales.
Ser país sede de la Corte Permanente de Arbitrajes – CPA, significa que la República del Ecuador concede privilegios e inmunidades a los oficiales de la CPA, árbitros, y participantes en procedimientos administrados por la CPA. El Acuerdo también establece un marco para que la CPA solicite el uso de instalaciones, según sean necesarias para la conducción de procedimientos administrados por la CPA y reuniones de la CPA celebrándose en el Ecuador. Entre los privilegios constan los de:
- A disposición de la CPA, sin costo alguno, oficinas, salas de reuniones, fax, internet,
- La CPA, así como sus bienes y haberes gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial.
- Sus bienes, haberes y otros ingresos estarán exentos de impuestos, exentos de derechos de aduana, es decir, podrán sacar o traer al país todo tipo de bienes sin pagar aranceles.
- Si Ecuador decide concluir el acuerdo, deberá esperar un año calendario.
Este hecho, sumado al proceso para la designación de nuevos jueces para la Corte Constitucional, en que los comisionados para el proceso de selección son abiertamente favorables al actual régimen o representan los intereses de Daniel Noboa, como por ejemplo Fernando Yávar, que es su abogado.
Esta comisión desoye las continuas denuncias de la Veeduría conformada para vigilar el proceso de renovación, relacionados con estos conflictos de interés de los comisionados, así como de errores e inconsistencias en los procesos de calificación e impugnación de los candidatos.
Un caso que genera enorme desconfianza es la posible designación de Claudia Salgado, una especialista en Arbitraje Internacional, como jueza de la Corte Constitucional, cuya candidatura hemos impugnado pues resulta contradictorio que una abogada que defiende los arbitrajes internacionales y que envió sendas comunicaciones a Canadá y Argentina, para que desechen la SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL en el Caso Aguinda vs Chevron, caso en que la transnacional Chevron fue encontrada culpable del crimen ambiental cometido en la Amazonía Norte del Ecuador entre 1968 y 1991, ahora quiera ser jueza precisamente de esa Corte¡
De esta manera se estaría danto total prevalencia a los Arbitrajes Internacionales sobre los Derechos Humanos de los ecuatorianos.
Finalmente tengamos en cuenta, que justamente es el panel de arbitrajes de la Corte Permanente de Arbitrajes quien falló en contra del Estado ecuatoriano en el caso Chevron. Es decir, que ahora los acogemos, les damos privilegios a quienes nos condenan.
Desde la UDAPT exigimos al Gobierno del Ecuador la derogatoria del decreto 501, pues atenta contra la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 21 de abril del 2024.
