EL DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA, PREVALECEN FRENTE A LA INDOLENCIA DE LA ST CTEA Y DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL CASO DE LAS PERSONAS CON CÁNCER DEL CANTÓN SHUSHUFINDI

Lago Agrio, 17 de enero de 2024

Como es de conocimiento público, en octubre del 2022, un grupo de pacientes con enfermedades catastróficas del cantón Shushufindi presentaron una acción de protección en la Unidad Judicial Multicompetente de Shushufindi, debido al flagrante incumplimiento por parte del Ministerio de Salud Pública y de la ST – CTEA de los derechos establecidos en la Constitución y la Ley, instrumentos que garantizan a las y los pacientes, la gratuidad del tratamiento médico en todas sus fases. Sin embargo, el juez falló en contra y negó la acción de protección en enero del 2023.

Un año más tarde, el 16.01.2024, la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Sucumbíos REVOCA esta sentencia, al considerarla errada y que contiene “una motivación incompleta, insuficiente”.

Finalmente se hace justicia, tarde, muy tarde para 2 de los accionantes que ya fallecieron, sin siquiera conocer que la justicia, un año después, desecharía una sentencia que desconocía sus derechos a la salud y a la vida, dictada por un juez que coartó el derecho de los accionantes siquiera a exponer el caso en la audiencia judicial.

La sentencia emitida por la Corte Provincial establece que, en el presente caso, “se han vulnerado el derecho a la vida, el derecho al buen vivir y el derecho a la salud” y ordena las siguientes medidas de reparación:

1. El Estado asigne los recursos económicos suficientes para que en la provincia de Sucumbíos se implemente un Centro de Salud especializado en la atención integral de personas con enfermedades catastróficas y oncológicas tanto de Sucumbíos, como de la región amazónica, que permita atender su derecho a la salud de forma oportuna y apropiada, en un plazo no mayor a 5 años.
2. El Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (ST CTEA) proceda a entregar de forma oportuna, inmediata y sin dilaciones, los recursos económicos necesarios a cada uno de los pacientes con enfermedades catastróficas para cubrir el transporte, hospedaje, alimentación y otros, que son indispensables para acudir a las citas y al tratamiento médico. Para los casos de pacientes, que por su doble vulnerabilidad (discapacidad, adultos mayores o menores de edad) deban contar con el acompañamiento de un familiar, se hará extensiva la ayuda a los respectivos acompañantes.
3. El Ministerio de Salud y la ST CTEA coordinen acciones a fin de implementar un Plan de adquisición de medicamentos e insumos para cubrir las necesidades de los accionantes y de las demás personas con enfermedades catastróficas y cáncer de la Región. Se implementarán acciones para incluir en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, aquellos medicamentos que requieren las personas con enfermedades catastróficas y con cáncer y que no se encuentran incluidos en el Cuadro de medicamentos Básicos.
4. El Ministerio de Salud y la ST CTEA, deben realizar las acciones y gestiones para reformar, modificar y actualizar sus Reglamentos, Instructivos y proyectos expedidos y tendientes a la “Atención de pacientes con enfermedades catastróficas y oncológicas de la Región Amazónica” a fin de que guarden concordancia con las normas constitucionales y con las decisiones y determinaciones realizadas por la Corte Constitucional, así como en este fallo.
5. La ST CTEA debe presentar informes semestrales de cumplimiento de la entrega de los recursos económicos a las entidades ejecutoras y/o a las personas con enfermedades catastróficas, en la forma dispuesta en esta sentencia, esto es, para cubrir los gastos y logística, tanto de los pacientes cuanto de sus respectivos acompañantes.
6. La ST CTEA presentará disculpas públicas a los accionantes y sus familias por las vulneraciones constitucionales determinadas y por la falta de disponibilidad y accesibilidad a su derecho a la salud. Para ello, en el término de dos meses desde la notificación de esta sentencia, la ST CTEA emitirá un comunicado dirigido y notificado directamente a cada uno de los accionantes: Ayala López Mery Lourdes, Silva Carrera Raquel Elizabeth, Rea Ramírez María Natividad, Ruiz León Mariana de Jesús, Vásquez González Jhuladi Rubí, Vera Carrera Sara Margarita, Gómez Angulo Javier, Tipán Toapanta María Juana, Torres Mera Ángel Ramón, Vega Caicedo Hernas Irlanda, Torres Jumbo Mariana de Jesús y Cordero Abad María Yolanda; comunicado que también deberá ser publicado en la página web institucional. La publicación contendrá el siguiente texto:

“Por disposición de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en la sentencia dictada al interior de la Acción de Protección No. 21332-2022- 00777, la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA presenta disculpas públicas al/la señor/a… y su familia, pues reconoce que vulneró su derecho a la salud al no haberle brindado oportuna y apropiadamente los bienes, recursos, servicios y atención médica y profesional para salvaguardar su salud y su vida, conforme los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Esta Entidad reconoce su obligación de respetar la Constitución del Ecuador y los tratados internacionales en relación con el derecho a la salud, más aún cuando se trata de personas que sufren de enfermedades catastróficas que requieren atención prioritaria y especializada que garantice su salud y una vida digna”.

Las personas con enfermedades catastróficas de las provincias de Sucumbíos y Orellana, con el presente fallo, han obtenido de la función judicial, el reconocimiento de la violación a sus derechos, a la vida, a la salud, al buen vivir, en las otras sentencias relacionadas con las acciones de protección que se presentaron en Lago Agrio, Sacha y Francisco de Orellana.

Sin embargo, a pesar del mandato judicial, el Estado NO cumple las sentencias favorables para este grupo vulnerable representado por un total de 66 accionantes. No solo han fallecido accionantes del caso de Shushufindi, sino también de los otros cantones, en una demostración irrefutable de la violación a sus derechos por parte del Estado ecuatoriano.

Por más de 2 años consecutivos a la ST CTEA no le da la gana de entregar los recursos económicos a las personas con cáncer, pero devolvió en octubre del 2023 más de 70 millones de dólares al gobierno presidido por Guillermo Lasso, demostrando su presidenta, Guadalupe Llori, indolencia, irresponsabilidad y ninguna empatía con la población a la que representaba en la dirección de esa institución.

Actualmente, en los registros del programa que implementa Clínica Ambiental y UDAPT en las provincias de Sucumbíos y Orellana, hay más de 500 casos de cáncer, en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Sin embargo, en ninguna de las dos provincias existe una sola casa de salud, que cuente con los equipos e implementos necesarios para el diagnóstico de los casos de cáncer, tampoco existe una sola casa de salud del MSP, que de la atención y tratamiento a las y los pacientes oncológicos. Por ésta razón todas y todos los pacientes deben viajar desde la Amazonía hasta alguna otra ciudad en la sierra o costa del Ecuador, para recibir el tratamiento médico.

Los jueces de los cantones Lago Agrio, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana emitieron sentencias favorables y establecieron plazos de máximo 30 días para que se reactive la entrega de los recursos a las y los pacientes. En el caso de la actual sentencia, la entrega debe ser inmediata.

Que la justicia ordene la reparación y que el Estado la incumpla deriva en la desinstitucionalización del estado, en dejar en el desamparo a la ciudadanía, más aún si son de grupos vulnerables, significa la impunidad para una serie de funcionarios mediocres, oportunistas y corruptos que ocupan la función pública como pago a favores políticos y no como servicio público.

Desde la población vulnerable, en cambio, 10 vidas cesaron, 10 pacientes fallecieron sin recibir ayuda alguna, de ellos 5 habían presentado la Acción de Protección: 2 en Lago Agrio, 2 en Shushufindi y 1 en el cantón Joya de los Sachas.

Para el gobierno, para la ST CTEA, esta irresponsable y criminal manera de atender la administración pública, causa desolación y muerte en la población más vulnerable. A esto se suma la falta de cumplimiento de palabra dada por el actual prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma, quien, en campaña, se comprometió públicamente y firmó un acta de compromiso para que, en el caso de ser elegido, implementar una política pública en favor de las personas con enfermedades catastróficas.

Hasta la fecha, 8 meses después de su posesión, no se conoce nada de su propuesta a implementar.

Actualmente, el GADPS, a través de Sucumbíos Solidario apoya a un aproximado de 50 personas con cáncer, con fondos propios, pero ello es insuficiente sino se acompaña de una política pública que realmente contribuya al tratamiento efectivo, curativo y paliativo, según el caso, del universo de las personas con cáncer y enfermedades catastróficas en la provincia de Sucumbíos, que sobrepasa los 300 casos, según el registro del programa que la Clínica Ambiental y UDAPT desarrollan en la zona y que no incluye la totalidad de la provincia.

Para Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT y patrocinador jurídico de los pacientes de cáncer, en los procesos judiciales emprendidos, expresa su gratitud al sistema de justicia de Sucumbíos; pero al mismo tiempo, expresa su indignación por la indolencia de la ST CTEA y el Ministerio de Salud Pública. Aquí somos testigos, como los mecheros, los derrames de petróleo los vertidos de agua de formación son la principal causa del alto número de pacientes de cáncer, es decir, la actividad petrolera causa muerte. Pero el mismo Estado y las empresas operadoras que se benefician de ese dinero, no son capaces de brindar atención digna a las y los pacientes. Esto es un crimen de Estado.

Quiere decir, que, en los nuevos convenios, muchos pacientes quedarán fuera de la norma, fuera del convenio, fuera de las ayudas por no constar en ese registro. Este accionar refleja de cuerpo entero la inutilidad, soberbia e ineptitud del gobierno representado en la ST CTEA.

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Pablo Fajardo +593 99 397 7811
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