ST-CTEA: UN AÑO DE INCUMPLIMIENTO

“Somos ecuatorianos, pero parece que vivimos en una balanza. Ya nos aplastan. Los más pesados aplastan a los más livianos” (E.P., 75 años – Pto. Francisco de Orellana, cáncer de mama)

A un año del incumplimiento de la primera sentencia que obliga al Estado Ecuatoriano a entregar los recursos económicos que corresponden por ley a las personas en la región amazónica con enfermedades catastróficas causadas por la contaminación petrolera, el Ecuador es llamado a votar para decidir si pagar miles de millones a grandes corporaciones en arbitrajes internacionales y seguir abandonando a las personas afectadas.

Las historias de lucha y resiliencia de las comunidades amazónicas de Ecuador son un llamado urgente a la acción para enfrentar los desafíos causados por la contaminación petrolera y las enfermedades oncológicas. A través de los testimonios de las personas afectadas por la contaminación, emergen las experiencias compartidas y las dificultades enfrentadas por quienes atraviesan la enfermedad y la negligencia de las instituciones: desde el doloroso proceso del diagnóstico, hasta la lucha diaria por acceder a los tratamientos necesarios y la importancia de integrar las prácticas tradicionales en el proceso de curación.

Un aspecto fundamental es el apoyo familiar y comunitario, que se destaca como un elemento crucial en el camino hacia la curación. La solidaridad de hijos, hijas y cónyuges, el respaldo de la comunidad local y organizaciones como la UDAPT son ayudas valiosas a través de las cuales estas personas encuentran consuelo y fortaleza al no sentirse solas en el camino de la enfermedad marcado por la injusticia.

Sin embargo, los testimonios también resaltan las dificultades y desafíos enfrentados por las personas afectadas por el cáncer y la contaminación ambiental. La falta de información sobre sus derechos como pacientes con enfermedades catastróficas y la negligencia de las instituciones de salud en garantizar tratamientos y cuidados adecuados hacen que estas personas se ven obligadas a atravesar no solo la enfermedad, sino también un sistema que a menudo las abandona.

La falta de recursos y apoyo por parte de las autoridades locales y nacionales es otro desafío significativo enfrentado por estas comunidades. Desde el incumplimiento de la CTEA en respetar los acuerdos y brindar el apoyo debido, hasta la falta de acciones concretas para proteger el ambiente de las actividades petroleras dañinas, las personas afectadas por la contaminación ambiental quedan solas a merced de fuerzas poderosas e injustas.

Estas personas tienen derechos y exigir estos recursos no es un capricho. El apoyo económico está previsto por ley, en particular por la Ley Amazónica, una legislación clave aprobada en 2007 para proteger y fomentar el desarrollo sostenible en la región amazónica de Ecuador. Esta ley establece diferentes medidas para la conservación de la biodiversidad y la protección de los derechos de las personas amazónicas. Un punto fundamental de esta ley es la obligación del Estado, tramite la CTEA, de brindar asistencia económica a quienes sufren enfermedades relacionadas con la contaminación petrolera. Esta ley es una ley efectiva que impone sanciones a quienes no la cumplan, incluso al Estado mismo. Pero, parece que no todas las personas ecuatorianas son iguales y con los mismos derechos, en verdad “los más pesados aplastan a los más livianos”.

En conclusión, con estas historias de resistencia y resiliencia, exigimos una acción inmediata para enfrentar estos desafíos y proteger la salud y el bienestar de las comunidades amazónicas de Ecuador. Las instituciones locales y nacionales deben asumir la responsabilidad de garantizar el acceso a tratamientos médicos adecuados y proteger por igual a todas las personas ecuatorianas, independientemente de dónde vivan: es responsabilidad del Estado llevar los servicios necesarios a la población y no de los individuos recorrer más de 1.300 kilómetros para acceder a estos servicios, especialmente en cuestiones de salud.

El bienestar y el futuro de las generaciones venideras dependen de las acciones que tomemos hoy. No podemos permitir que la tragedia de la contaminación petrolera continúe devastando las vidas de las personas y el ambiente amazónico. Instamos a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y comunidad internacional a apoyar estas demandas y unirse a nuestra lucha por la justicia y la dignidad para todas las personas que sufren debido a la contaminación y enfermedades oncológicas.

El 21 de abril próximo, nos enfrentaremos a una decisión de gran relevancia para el futuro de nuestro País votando para el referéndum y la consulta popular. Una de las preguntas más cruciales, la pregunta D, se refiere a la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional como método para resolver controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. En caso de que gane el SÍ, el Estado Ecuatoriano debería pagar 2 mil 900 millones de dólares a empresas extranjeras solo este año y, en los próximos, llegaría a pagar hasta 9 mil millones de dólares. En particular, solamente a la compañía petrolera Chevron, que en 1967 comenzó la contaminación petrolera en la Amazonía norte ecuatoriana en las provincias de Sucumbíos y Orellana, el Estado debería pagar 2 mil millones de dólares. Esta decisión podría tener consecuencias significativas, sobre todo para quienes padecen de enfermedades oncológicas causada por la contaminación petrolera.

De hecho, mientras se debate la posibilidad de pagar miles de millones a las grandes corporaciones, las personas que han sufrido daños irreparables debido a la negligencia estatal quedan abandonadas y privadas de sus derechos fundamentales, sin recibir el apoyo económico que por ley y cinco sentencias deberían haber recibido. La justicia social y ambiental requiere una atención inmediata a estas víctimas olvidadas, en lugar de conceder compensaciones exorbitantes a transnacionales que han contribuido a su sufrimiento.

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