La Constitución de la República del año 2008 reconoce a las personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad, como grupos de atención prioritaria en el artículo 35, de la misma forma, en el artículo 50 de la Norma Suprema, se determina que será obligación del Estado la atención especializada, gratuita, oportuna y preferente para los pacientes que sufran de estas patologías. En el año 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, misma que en su Disposición General Octava estipula que los pacientes con estas enfermedades contarán con recursos a fin de garantizar el derecho a la salud, enfocando la cobertura de hospedaje, alimentación, transporte y otros que no sean asumidos por el ente rector de la salud nacional, siendo el ente encargado de viabilizar aquello, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (ST-CTEA). Desde el año 2019, a pesar de haberse implementado un reglamento, un instructivo y un proyecto para ejecutar este mandato legal, la ST-CTEA ha venido omitiendo acciones, generando incertidumbre social, inobservando estos derechos, y, ante todo, vulnerando la integridad de los pacientes como las de sus familias. Para el año 2022, por parte de este organismo público, no se ha suscrito ningún convenio de ejecución de los recursos que por derecho les corresponde a los pacientes, teniendo en cuenta que estos fondos provienen de las actividades petroleras, siendo aquella, la responsable de muchos casos de cáncer (por no decir de todos) en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Según el Registro Bi-Provincial de Tumores efectuado por la UDAPT y la Clínica Ambiental, se han documentado alrededor de 407 casos de cáncer para marzo de 2022 entre los cantones de Lago Agrio, Shushufindi, La Joya de los Sachas, y, Puerto Francisco de Orellana (El Coca), esto sin contar que durante los meses siguientes esta cifra ha ido en aumento. Esto es una situación preocupante, porque según la información de la ST-CTEA y la realidad que se vive, tanto Orellana como Sucumbíos ostentan más del 80% de niveles de pobreza; es decir, si estas personas tienen que atravesar esta enfermedad, su padecimiento se ahonda aún más, a raíz de que no cuentan con los medios necesarios para trasladarse a una casa de salud especializada, misma que no existe en estas provincias, sino lejos, 

Los pacientes con la intensión de exigir sus derechos han interpuesto una acción de protección en el cantón Shushufindi, misma que también será presentada en los demás cantones señalados, siendo la UDAPT, la organización que ha venido apoyando esta causa y muchas acciones en beneficio de los pacientes. La finalidad que persigue esta garantía constitucional es que se respeten los derechos de los pacientes, que se entreguen a tiempo los recursos, que ya no se sigan ejecutando acciones en desmedro de la integridad de las personas que sufren de estas patologías como las de sus familias, y, sobre todo, que se replantee la política pública y que el sistema estatal dé respuestas eficaces y garantice el cumplimiento de los derechos.